"Como país, no tenemos ningún interés en ser atractivo para el turismo suicida", ha declarado la ministra de Justicia, Eveline Widmer-Schlumpf.
El debate surgió tras confirmarse el aumento de la cifra de extranjeros que buscan acabar con su vida en Suiza y al publicarse un estudio en el que se mostraba que cada vez son más las personas, sin enfermedad terminal, que buscan estos suicidios asistidos.
La Cámara, que se encuentra dividida por lo emotivo del tema, ha enviado dos propuestas que serán evaluadas hasta el uno de marzo. Una aboga por reforzar la regulación y la otra por imponer un férreo veto.
Según ha señalado la titular de Justicia, el gobierno no tenía intención de modificar el sistema liberal pero cada vez eran más las organizaciones pro suicidio asistido al borde de la ley.
El tema ganó más relevancia en julio cuando el británico Edward Downes y su mujer pusieron fin a su vida en la clínica Dignitas de Suiza. Bajo la legislación de Reino Unido, ayudar a alguien a suicidarse es un crimen que puede saldarse con penas hasta 14 años de cárcel. Ante esto, y desde 1992, un centenar de ciudadanos británicos ha acudido al citado centro suizo para morir.
A favor de los cuidados paliativos, no del suicidio
"El suicidio debe ser el último recurso. El Gobierno cree que lo principal debe ser la protección de la vida", ha señalado Eveline Widmer-Schlumpf en un comunicado. En este sentido, sólo debe ser aplicado a los enfermos que realmente se encuentren en un estado terminal y no a los pacientes crónicos o a los que presenten trastornos mentales. La idea, según la ministra, es promover los cuidados paliativos pero no el suicidio.
Está previsto que la futura legislación también "pueda prevenir que este tipo de suicido asistido y organizado se convierta en un negocio".
Esta práctica está permitida en Suiza desde la década de los 40, siempre que la lleve a cabo una persona ajena, que no tenga ningún interés personal puesto en que ese sujeto fallezca.
Por otro lado, la eutanasia sólo es legal en Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y en el estado de Oregón (EEUU).
Reuters
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